La renuncia de Piero Corvetto a la ONPE se produce luego de una jornada electoral marcada por severas fallas en el despliegue del material de votación en Lima Metropolitana, que obligaron al Jurado Nacional de Elecciones a extender la jornada al lunes para que más de 50 mil ciudadanos pudieran sufragar en San Juan de Miraflores, Lurín y Pachacámac. La ONPE atribuyó inicialmente los retrasos a un supuesto incumplimiento de la empresa de transportes Galaga SAC, pero un informe previo de la Contraloría ya había advertido “deficiencias críticas” en el plan de distribución del propio organismo, lo que debilitó la defensa institucional.
A la crisis se sumó el hallazgo de cajas con cédulas de sufragio de cuatro mesas, abandonadas en una calle de Surquillo, hecho que desnudó graves problemas en la cadena de custodia del material electoral. La ONPE aseguró en un comunicado que el traslado se hizo con un coordinador del organismo, un efectivo policial y un fiscalizador del JNE, pero el presidente del Jurado, Roberto Burneo, desmintió esa versión en el Congreso al afirmar que no hubo fiscalizador ni policía y que se usaron vehículos particulares no registrados.
Burneo también reveló que, desde el 10 de abril, los fiscalizadores del JNE habían advertido retrasos en el despliegue de las 217 rutas de distribución y fallas en pruebas de equipos e impresoras, pese a que la ONPE insistió en que los problemas estaban “ya solucionados”. El propio JNE registró que la ONPE no comunicó oportunamente las dificultades y que el jefe del organismo recién informó formalmente la mañana del día de la elección, cuando ya se reportaban alrededor de 200 locales de votación en Lima sin material.
Chats de WhatsApp entre un representante de Galaga y el subgerente de Producción Electoral de la ONPE, Juan Antonio Phang, refuerzan la tesis de que el retraso se originó dentro del organismo electoral, pues muestran que, a medianoche del día previo, 35 camiones estaban vacíos a la espera del material que ONPE debía entregar. El abogado de Galaga aseguró que la empresa “no tenía qué trasladar” hasta la madrugada del domingo y que los camiones recién pudieron salir completamente abastecidos entre las 5 y 7 de la mañana, generando una cadena de demoras imposible de revertir en plena jornada de sufragio.
Paralelamente, la Procuraduría del JNE denunció penalmente a Corvetto y a cuatro altos funcionarios de la ONPE por presuntos delitos contra el derecho de sufragio, omisión o demora de actos funcionales y obstaculización del acto electoral, basándose en el mandato constitucional que obliga al jefe del organismo a garantizar la organización y ejecución adecuada del proceso, incluida la logística y el suministro de material. La denuncia también alcanza al representante legal de Galaga y a gerentes clave de Organización Electoral, Administración y Gestión Electoral, lo que abre un frente judicial que seguirá su curso más allá de la renuncia.
Con su dimisión, aceptada por unanimidad por la JNJ, se espera que el gerente general Bernardo Pachas asuma de manera interina la jefatura mientras se define un reemplazo definitivo en medio de un conteo de actas aún en marcha y un ambiente de desconfianza ciudadana. El reto inmediato será recuperar la confianza en el sistema electoral, garantizar que la segunda vuelta se realice sin sobresaltos logísticos y esclarecer, con rigor, la cadena de decisiones que llevaron a la peor crisis operativa de la ONPE en años recientes.
