La Policía Nacional del Perú enfrenta una de las mayores alertas de ciberseguridad de los últimos años tras la presunta vulneración de los servidores de la Dirección Antidrogas (Dirandro). De acuerdo con reportes difundidos por medios nacionales, un grupo de ciberdelincuentes identificado como "Latam Fuckers" habría obtenido acceso a una base de datos que contiene información de aproximadamente 300 mil agentes policiales.
Los atacantes pusieron a la venta el material en la dark web por 700 dólares. El paquete contiene cerca de 7,8 gigabytes de información, incluyendo datos personales, números de DNI, referencias familiares, códigos de identificación y registros relacionados con actividades operativas de la Policía Nacional del Perú.
Para demostrar la autenticidad de la información, los ciberdelincuentes difundieron muestras de algunos registros. Esta situación ha generado preocupación por las posibles consecuencias para la seguridad institucional y la protección de los efectivos policiales.
El presunto hackeo también ha puesto bajo la lupa los sistemas de seguridad informática de la Policía Nacional. Especialistas en ciberseguridad señalan que el acceso no autorizado podría haberse producido por una filtración interna, una brecha de seguridad o mediante técnicas de fuerza bruta para vulnerar contraseñas y sistemas de autenticación.
El abogado especialista en derecho digital Erick Iriarte advirtió que Perú aún enfrenta importantes desafíos en materia de ciberseguridad y protección de infraestructura digital crítica. Según indicó, la ausencia de políticas integrales y mecanismos de respuesta más sólidos incrementa los riesgos frente a amenazas cibernéticas cada vez más sofisticadas.
Este caso se suma a otros incidentes recientes registrados en América Latina y atribuidos al mismo grupo de ciberdelincuentes. En países como Argentina y Guatemala también se reportaron accesos ilegales a bases de datos de entidades públicas.
La presunta filtración ocurre además pocas semanas después de la controversia generada por una falsa alerta del Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencias (Sismate), hecho que abrió un debate nacional sobre la seguridad de las plataformas tecnológicas del Estado.
Las autoridades continúan evaluando el alcance real del incidente. Mientras tanto, crece la preocupación por la protección de datos personales, la seguridad de los agentes policiales y la necesidad de fortalecer las capacidades de ciberseguridad en el sector público peruano.
