Rafael López Aliaga acusó públicamente al empresario Samuel Dyer de haber financiado un “ejército de personeros” con “millones de dólares” para favorecer a Keiko Fujimori en las elecciones, lo que desató un fuerte conflicto político y legal. Dyer respondió con una carta notarial en la que niega categóricamente haber destinado recursos, organizado estructuras o involucrado a familiares en dichas acciones, y otorgó un plazo de 48 horas para una rectificación pública bajo advertencia de demanda.

Ante ese escenario, Renovación Popular ha optado por un giro de tono: según el abogado Wilber Medina, el partido ya recibió la carta y prepara una contestación “en buenos términos”, con el objetivo de reducir la confrontación y evitar que la controversia escale en plena carrera electoral. Este cambio implica, en la práctica, un retroceso político de López Aliaga frente a sus acusaciones iniciales, pues reconoce la necesidad de moderar el discurso y recomponer puentes con un actor económico relevante como Dyer.

Además, el caso revela las tensiones internas en la derecha peruana: mientras López Aliaga intenta capitalizar el discurso del supuesto “fraude” y responsabiliza a empresarios y operadores, figuras como Dyer buscan defender su reputación y marcar distancia de cualquier esquema de financiamiento irregular. La forma en que se resuelva esta disputa —ya sea mediante una disculpa pública, una rectificación parcial o el inicio de acciones judiciales— podría tener impacto en la credibilidad del candidato de Renovación Popular y en las alianzas que necesita para la segunda vuelta.