La Contraloría General de la República identificó que diez gobiernos regionales del Perú no están destinando el presupuesto mínimo requerido por ley para financiar las actividades de fiscalización de los consejos regionales durante el ejercicio fiscal 2026. Entre las regiones observadas figuran Junín, Áncash, Apurímac, Ayacucho, Huánuco, Ica, La Libertad, Loreto, Amazonas y Madre de Dios.

La normativa vigente establece que los gobiernos regionales deben asignar al menos el 1 % de los recursos ordinarios destinados a bienes y servicios para fortalecer las labores de control y supervisión que realizan los consejeros regionales. Sin embargo, los informes de la Contraloría revelan que, hasta el 15 de junio de 2026, estas entidades solo habían destinado S/ 6.6 millones de un total mínimo requerido de S/ 12.4 millones, equivalente al 53.6 % del presupuesto que exige la ley.

El caso de Junín destaca por presentar una de las brechas más significativas. El Gobierno Regional de Junín asignó apenas S/ 238 200 para fiscalización cuando debió destinar más de S/ 1.39 millones. Situaciones similares se registran en Áncash, Huánuco y La Libertad, donde los montos incorporados resultan considerablemente inferiores a los mínimos establecidos.

La Contraloría advierte que esta insuficiencia presupuestal podría limitar la capacidad de los consejos regionales para ejercer su función fiscalizadora, afectando el control de la gestión pública, la supervisión de proyectos de inversión y la vigilancia del uso de los recursos del Estado.

Los consejeros regionales son autoridades elegidas por voto popular y tienen entre sus principales funciones fiscalizar la administración regional, evaluar la ejecución presupuestal y supervisar el cumplimiento de políticas públicas.

Ante las observaciones detectadas, la Contraloría comunicó los resultados a los titulares de los gobiernos regionales para que adopten medidas correctivas y garanticen los recursos necesarios para la fiscalización. La entidad considera que fortalecer el control regional es fundamental para promover la transparencia, prevenir actos de corrupción y asegurar una gestión eficiente de los recursos públicos en beneficio de la población.