Junín logró un importante avance en la defensa de su integridad territorial tras conseguir que el Proyecto de Ley 5262 fuera retirado de la agenda del Congreso de la República. La propuesta legislativa buscaba modificar límites territoriales y afectar aproximadamente 395 kilómetros cuadrados del territorio regional, generando preocupación entre autoridades, organizaciones indígenas y población local.
El gobernador regional de Junín, Zósimo Cárdenas, destacó que este resultado es producto de la unidad y el trabajo articulado desarrollado por diversas instituciones, autoridades y organizaciones sociales comprometidas con la defensa del territorio juninense.
La acción conjunta permitió visibilizar el impacto que tendría la iniciativa legislativa sobre las comunidades y jurisdicciones involucradas. En ese contexto, la región movilizó esfuerzos para sustentar la importancia de preservar sus límites territoriales y evitar afectaciones a las poblaciones asentadas en la zona.
Uno de los aspectos resaltados por las autoridades fue el respaldo de los congresistas de Junín, entre ellos Edgard Reymundo y Silvana Robles, así como de otros legisladores que apoyaron la posición regional frente al proyecto de ley. También se destacó el liderazgo de la alcaldesa de Río Tambo y presidenta de la Mancomunidad NorVRAEM, Digna Sucari, quien participó activamente en las gestiones para defender los intereses de la región.
La Central Asháninka del Río Ene (CARE) desempeñó igualmente un papel clave junto a organizaciones indígenas, alcaldes, dirigentes y representantes de la sociedad civil. Su participación fortaleció el frente regional que se conformó para exigir la protección de la integridad territorial de Junín.
Pese al retiro del proyecto de la agenda parlamentaria, las autoridades advirtieron que la defensa continúa. El objetivo ahora es lograr el archivamiento definitivo de la propuesta y garantizar que no vuelva a ser impulsada en futuras sesiones legislativas.
El Gobierno Regional de Junín señaló que mantendrá una vigilancia permanente tanto en el ámbito político como en las zonas fronterizas para resguardar los intereses de la región. Asimismo, reafirmó su compromiso de trabajar de manera coordinada con las comunidades y organizaciones sociales.
Este primer resultado representa una victoria para Junín y demuestra que la unidad entre autoridades, pueblos indígenas y ciudadanía puede generar acciones concretas para proteger el territorio, fortalecer la gobernanza regional y defender los derechos de las poblaciones involucradas.
