El asesinato de Gilbert Infante, candidato al Congreso por el partido Fe en el Perú, ha generado conmoción en el escenario político peruano en medio de las Elecciones Generales 2026. El hecho ocurrió el 25 de marzo en el distrito de Chorrillos, encendiendo las alertas sobre la seguridad de los candidatos durante la campaña electoral.

La noticia fue confirmada por Álvaro Paz de la Barra, candidato presidencial de la misma agrupación política, quien reveló que Infante había recibido amenazas de muerte en las semanas previas. Según su testimonio, el aspirante al Parlamento había reportado que era seguido por personas desconocidas tras participar en eventos políticos, lo que evidenciaba un contexto de riesgo.

El caso cobra mayor gravedad debido a que no sería un hecho aislado. Paz de la Barra también denunció que otro candidato de su lista, junto a su hijo, estaría siendo amenazado, lo que pone en evidencia posibles actos de violencia política en el país.

Gilbert Infante participaba como candidato a la Cámara de Diputados y tenía programada su intervención en un debate el mismo día de su fallecimiento. Su muerte interrumpe su participación en el proceso electoral y genera preocupación sobre la integridad de otros postulantes.

Este crimen ocurre en un contexto donde la seguridad electoral se vuelve clave para garantizar elecciones transparentes y democráticas en Perú. La falta de medidas efectivas de protección podría afectar la participación política y la confianza ciudadana.

Hasta el momento, las autoridades no han brindado detalles completos sobre la investigación ni han confirmado responsables. Sin embargo, se espera que el caso sea abordado con prioridad debido a su impacto en el proceso electoral.

El asesinato de un candidato político en campaña representa un hecho crítico que obliga a reforzar las medidas de seguridad y vigilancia en el país, especialmente en el marco de las Elecciones Generales 2026.