El Gobierno declaró el estado de emergencia por 60 días calendario en los distritos de Pisco y San Andrés, ubicados en la provincia de Pisco, región Ica, debido al incremento de la criminalidad y otras expresiones de violencia. La disposición fue aprobada mediante el Decreto Supremo N.° 132-2026-PCM.
Durante la vigencia de la medida, la Policía Nacional del Perú mantendrá el control del orden interno y podrá recibir apoyo de las Fuerzas Armadas. El decreto restringe temporalmente derechos constitucionales vinculados con la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la libertad y seguridad personales.
Asimismo, las actividades religiosas, culturales, deportivas y no deportivas de carácter público y masivo requerirán autorización previa de las autoridades competentes. La intervención policial y militar se ejecutará bajo los parámetros establecidos en los decretos legislativos sobre uso de la fuerza y participación de las Fuerzas Armadas.
El Ejecutivo también prorrogó por 60 días el estado de emergencia en las provincias de Zarumilla y Tumbes, en la región Tumbes, a partir del 25 de septiembre. La ampliación responde a las disposiciones que ya regían en esa zona fronteriza.
La medida fue extendida igualmente a las provincias de Trujillo, Virú y Chepén, en La Libertad, desde el 23 de septiembre. Estas decisiones se suman a la emergencia vigente en Lima Metropolitana y el Callao, donde se aplican operativos contra delitos como trata de personas, tráfico de drogas, tenencia ilegal de armas y comercio de equipos móviles de dudosa procedencia.
