El Gobierno peruano oficializó la prórroga del estado de emergencia en los distritos de Palca, Tacna, La Yarada - Los Palos y Tarata, ubicados en la región Tacna y colindantes con Chile. La medida fue aprobada mediante el Decreto Supremo Nº 086-2026-PCM y publicada en el diario oficial El Peruano, extendiendo por sesenta días calendario las disposiciones vigentes desde el 9 de junio de 2026. Según la norma, la decisión responde a la necesidad de hacer frente a situaciones de criminalidad y violencia que afectan la zona limítrofe, así como reforzar los controles frente a actividades ilícitas en la frontera.
Durante la vigencia de la prórroga, la Policía Nacional del Perú (PNP) se mantiene a cargo del control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) en los distritos fronterizos. La PNP determinará las zonas de intervención con base en información de inteligencia, estadísticas, mapas del delito y otros instrumentos, con el objetivo de preservar y restablecer el orden interno y proteger los derechos de la población frente a delitos como hurto, robo, atentados contra la vida y la salud, contrabando y otras formas de violencia.
El decreto establece además la suspensión o restricción de derechos constitucionales en las circunscripciones incluidas en la medida, entre ellos la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la libertad y seguridad personales, tal como lo contempla el artículo 2 de la Constitución. También se regulan las actividades públicas: los eventos religiosos, culturales, deportivos y no deportivos de carácter masivo deberán solicitar autorización previa a las autoridades competentes, mientras que las actividades no masivas podrán desarrollarse sin permiso.
La actuación conjunta de la PNP y las FF. AA. se regirá por el Decreto Legislativo Nº 1186, sobre uso de la fuerza policial, y el Decreto Legislativo Nº 1095, que fija las reglas para el uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en estados de emergencia. Asimismo, la norma incorpora el protocolo de actuación conjunta para la atención de personas vulnerables en contextos de intervención policial y las disposiciones del Decreto Legislativo de Migraciones, reforzando la seguridad y el control del flujo migratorio en la frontera. Al concluir el plazo, el Comando de Coordinación Operativa Unificada deberá presentar un informe de resultados al Ministerio del Interior, que será elevado a la Presidencia de la República, el Congreso y el Poder Judicial, junto con recomendaciones para futuras acciones.
