El Poder Judicial dictó 36 meses de prisión preventiva contra 15 investigados por el presunto cobro de cupos a empresas de transporte en Lima y Callao. Los procesados son investigados por los presuntos delitos de organización criminal y extorsión agravada.
La medida fue informada por el Ministerio Público y alcanza a Pablo Quezada, Alberto Sevilla, Delia Moreno, Renzo Arcelles, José Tablante, Maribel Ushinahu, Carlos Montes, José Angarita, Franyer Márquez, Teresa García, Víctor Serrano, Roberto Justo, Miguel Cabezas, Marco Tarrillo y Katerin Quezada.
Según la investigación fiscal, los 15 investigados estarían vinculados con la organización criminal denominada ‘La red del silencio’. El caso está relacionado con el presunto cobro de cupos a empresas de transporte como TransLima S.A. y Holding Real Express S.A., entre otras.
La Fiscalía sostiene que los investigados habrían exigido pagos diarios a los transportistas. Los montos iban desde S/10 hasta S/40 por unidad vehicular. En algunos casos, las exigencias habrían llegado hasta S/70 diarios.
Para realizar los presuntos actos de extorsión, los investigados habrían utilizado grupos de WhatsApp y números telefónicos nacionales e internacionales. A través de estos canales se enviaban mensajes con exigencias de pago y amenazas dirigidas a los transportistas.
Los ahora procesados fueron intervenidos durante un megaoperativo realizado el 23 y 24 de junio de 2026. El despliegue se ejecutó de manera simultánea en Lima, Callao y Chimbote, en la región Áncash.
La diligencia estuvo liderada por la fiscal adjunta provincial Lía Balarezo Ramírez. También participaron los fiscales adjuntos Helen Lozano, Diego Fuentes y Doris Delgado, con apoyo de la División de Investigación contra el Crimen Organizado (DIVINCCO) de la Policía Nacional del Perú.
Además de los 15 investigados que cumplirán prisión preventiva, Auriani Díaz y César Quezada recibieron una medida distinta. El Poder Judicial les impuso detención domiciliaria y reglas de conducta durante tres años.
La investigación busca determinar el nivel de participación de cada uno de los involucrados y establecer cómo habría operado la presunta organización criminal.
Con esta decisión judicial, los 15 investigados por el presunto cobro de cupos a transportistas permanecerán bajo prisión preventiva durante el desarrollo de las investigaciones. La Fiscalía continuará con las diligencias para esclarecer los hechos y sustentar las acusaciones correspondientes.
