El diputado de Juntos por el Perú, Julián Pérez Mallqui, fue detenido por la Policía Nacional del Perú (PNP) en el distrito limeño de San Miguel, luego de ser denunciado por una presunta agresión física contra una mujer. La intervención ocurrió la mañana del 30 de julio y el legislador permanece en la comisaría mientras se desarrollan las diligencias correspondientes.

De acuerdo con información policial, Pérez Mallqui acudió al domicilio de la presunta víctima, donde se produjo un incidente con el padre de la mujer. Según las primeras versiones, hubo un forcejeo que permitió el ingreso del parlamentario al inmueble. Ante la situación, la mujer solicitó ayuda a la Policía y al Serenazgo, lo que derivó en la intervención inmediata de las autoridades.

La presunta víctima también permanece en la dependencia policial, donde ambas partes participan en las diligencias de investigación. Además, fueron programados exámenes médico-legales para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que correspondan.

La Fiscalía Especializada en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar inició diligencias urgentes por los presuntos delitos de violencia física y psicológica. El Ministerio Público informó que recaba testimonios, pruebas y otros elementos de convicción, además de evaluar las medidas de protección para la denunciante mientras continúan las investigaciones.

Por su parte, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) informó que profesionales del Programa Nacional Warmi Ñan brindan asistencia legal, psicológica y social a la presunta agraviada. Asimismo, la entidad exhortó a las autoridades judiciales a realizar una investigación rápida, objetiva y conforme a la ley.

El caso adquiere mayor relevancia debido a los antecedentes judiciales del diputado por la región Cusco. Según registros del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Julián Pérez Mallqui cuenta con procesos y sentencias previas, entre ellas una condena por lesiones culposas relacionada con un accidente de tránsito ocurrido en 2024, además de antecedentes por violencia familiar y falsa declaración en un proceso administrativo.

Hasta el momento, el legislador no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la denuncia. Las investigaciones continúan y serán las autoridades competentes quienes determinen si existen responsabilidades penales. Mientras tanto, el proceso permanece en etapa preliminar y rige la presunción de inocencia hasta que exista una resolución judicial firme.