Un nuevo escándalo sacude el Congreso. Jorge Luis Torres Saravia, implicado en una presunta red de prostitución y vinculado al asesinato de Andrea Vidal, usó documentos falsos para acceder a un alto cargo en la Oficina Legal y Constitucional del Parlamento. Con estas irregularidades, cobró un sueldo de más de 19 mil soles mensuales.

Cuarto Poder reveló que Torres Saravia no es el único caso. Isabel Cajo, ex Miss Bikini, también presentó certificados falsos para ser contratada en el Congreso. Sin estudios universitarios, su sueldo pasó de 4,433 a más de 8,000 soles en pocos meses. Mireylla Walter Lozano, otra funcionaria, habría usado documentos fraudulentos para acceder a un cargo público.

Estos casos demuestran la falta de control en la contratación de personal en el Parlamento. Ni Alianza para el Progreso (APP) ni el área administrativa verificaron la autenticidad de los documentos presentados. Incluso, a pesar de escándalos anteriores, Torres Saravia fue contratado en tres oportunidades en el Congreso.

El perjuicio económico para el Estado asciende a más de 300 mil soles. Todo esto ocurrió bajo la gestión del presidente del Congreso, Alejandro Soto, quien permitió que funcionarios sin credenciales cobraran sueldos elevados con dinero público.

Cuarto Poder accedió a documentos oficiales que confirman estas irregularidades. Mientras tanto, la jefa de Recursos Humanos en el Congreso, Heidi Figueroa, fue retirada tras la denuncia de la red de prostitución, pero luego reincorporada.

Este caso revela una grave negligencia en la administración del Congreso, con contratos fraudulentos, sueldos inflados y una red de protección política que sigue operando impunemente.