La Casa Blanca niega haber desobedecido la orden de un juez federal que bloqueaba la deportación de migrantes venezolanos a El Salvador. Sin embargo, el gobierno de Trump confirmó que 250 personas, presuntamente del Tren de Aragua, ya estaban bajo custodia salvadoreña.

El conflicto surge por el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros, una norma del siglo XVIII reservada para tiempos de guerra. La administración la invocó para acelerar las expulsiones, lo que podría considerarse una extralimitación del poder presidencial. El juez James Boasberg ordenó detener las deportaciones e incluso que los aviones en el aire regresaran, pero la Casa Blanca afirmó que los migrantes ya estaban fuera del territorio estadounidense.

Este episodio aumenta la tensión entre Trump y el sistema judicial, alimentando temores sobre una presidencia que desafía abiertamente el Estado de Derecho. Sus opositores advierten que su poder sigue creciendo y que los tribunales solo pueden reaccionar después de que sus decisiones tengan efectos irreversibles.

En paralelo, la administración ha justificado la represión de protestas estudiantiles con argumentos de seguridad nacional y ha cerrado Voice of America, un medio financiado por el Congreso, lo que desata críticas por limitar la libertad de prensa.

El gobierno de Trump avanza con rapidez, sabiendo que las restricciones a su poder suelen aplicarse después de que sus acciones ya han tenido impacto. Mientras tanto, sus seguidores apoyan estas medidas, convencidos de que destruyen instituciones que no representan sus valores.

Este conflicto legal podría marcar un punto de quiebre en la democracia estadounidense, con un presidente que desafía abiertamente las instituciones y avanza sin control.