La presidenta de Perú, Dina Boluarte, enfrenta una nueva denuncia constitucional presentada por la Fiscalía de la Nación por presunto enriquecimiento ilícito y omisión de declarar bienes en sus declaraciones juradas. La investigación, conocida como el “caso Rolex”, se centra en la posesión y uso de relojes de lujo y joyas de alto valor que no fueron reportados oficialmente.

Según la Fiscalía, Boluarte habría recibido tres relojes Rolex y diversas joyas, incluyendo una pulsera Cartier valorada en US$56,000, como “donaciones” del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima. Estas entregas coincidirían con la aprobación de decretos que asignaron partidas presupuestarias a favor de la región de Ayacucho, lo que podría constituir un patrón de cohecho pasivo impropio.

Además, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reportó depósitos de origen desconocido por un monto de US$1.1 millones en las cuentas bancarias de la mandataria, lo que agrava las sospechas sobre un posible incremento patrimonial no justificado.

En su defensa, Boluarte ha declarado que los relojes y joyas fueron préstamos temporales de Oscorima y que no forman parte de su patrimonio, por lo que no estaba obligada a declararlos. Sin embargo, la Fiscalía sostiene que estos bienes constituyen el “cuerpo del delito” y que la presidenta habría seguido un “modus operandi” para recibir beneficios indebidos a cambio de favores políticos.

El Congreso peruano deberá evaluar la denuncia constitucional y decidir si procede con una acusación formal. Este caso se suma a otras investigaciones en curso contra Boluarte, incluyendo una por presuntas lesiones graves a manifestantes durante protestas sociales.