La Corte Suprema de Estados Unidos ha bloqueado temporalmente la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, utilizada por la administración de Donald Trump para deportar rápidamente a migrantes venezolanos acusados de pertenecer al grupo criminal Tren de Aragua. Esta ley, concebida en tiempos de guerra, permitía expulsiones sin el debido proceso legal.

El fallo del tribunal, con una votación de 7-2, establece que los migrantes deben recibir notificaciones adecuadas y contar con tiempo suficiente para impugnar su deportación. La decisión no se pronuncia sobre la legalidad del uso de la ley, pero devuelve el caso a la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito para su revisión.

La administración Trump había justificado estas deportaciones alegando que los migrantes representaban una amenaza nacional, al ser presuntos miembros del Tren de Aragua, una organización criminal venezolana. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos denunciaron que muchos de los deportados no tenían antecedentes penales y que la aplicación de la ley omitía garantías procesales básicas.

Este caso ha generado un intenso debate sobre el uso de leyes históricas para fines migratorios y las implicaciones legales y humanitarias de tales medidas. La decisión de la Corte Suprema representa un revés para la política migratoria de Trump y una victoria para los defensores de los derechos de los migrantes.

El fallo subraya la importancia de respetar el debido proceso y las garantías constitucionales, incluso en contextos de seguridad nacional. Mientras el caso continúa en los tribunales inferiores, la administración Trump aún puede realizar deportaciones bajo otras leyes de inmigración vigentes .