El Congreso de la República aprobó, en segunda votación, modificaciones a la ley de extinción de dominio, a pesar de las advertencias del Ministerio Público y el Poder Judicial. Con 42 votos a favor, 25 en contra y 10 abstenciones, la nueva norma genera controversia, ya que podría beneficiar a investigados por corrupción.

Uno de los cambios más polémicos es que solo se podrá iniciar un proceso de extinción de dominio si existe una sentencia firme. Esto impediría recuperar bienes de personas que están en investigación, como en los casos de los expresidentes Alejandro Toledo, Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra. También se afectaría el proceso contra el empresario Rodolfo Orellana.

Además, la norma reduce a cinco años el plazo de prescripción para los procesos de extinción de dominio. Si no hay sentencia en ese periodo, los bienes podrían volver a manos de los procesados. Otro punto cuestionado es que la ley protege a terceros que adquieran bienes ilícitos sin conocer su origen criminal. Ellos no perderán el bien mientras no exista una sentencia.

El coordinador del Subsistema de Extinción de Dominio de la Corte Suprema, Manuel Luján, advirtió que unos 5,500 casos en trámite podrían archivarse. Muchos temen que esta ley debilite la lucha contra el crimen organizado y la corrupción.

A pesar de que delitos graves como narcotráfico, terrorismo y trata de personas están exceptuados, se considera que esta norma representa un retroceso. Diversos sectores de la sociedad civil han alzado su voz y exigen que la norma sea observada o modificada.

La controversia está servida. Expertos, fiscales y jueces coinciden en que esta ley abre la puerta para que corruptos conserven bienes mal habidos.