La presentación de un nuevo plan de gobierno por parte de Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú, ha generado una fuerte controversia política a pocos días de la segunda vuelta electoral. El documento, elaborado junto a agrupaciones aliadas, introduce cambios importantes respecto al plan de gobierno inscrito oficialmente ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), lo que ha provocado cuestionamientos sobre su validez y alcance.
El reglamento de las Elecciones Generales 2026 establece expresamente que los planes de gobierno no pueden ser modificados una vez concluido el periodo de inscripción de candidaturas. Por ello, diversos sectores políticos, empresariales y ciudadanos han solicitado que el JNE precise cuál es el documento oficial que debe ser considerado por los electores.
El nuevo plan de gobierno de Roberto Sánchez contiene 114 páginas y plantea una visión más moderada que la propuesta presentada durante la primera vuelta. Entre los cambios más relevantes destaca la eliminación de la propuesta de renegociar los Tratados de Libre Comercio (TLC), así como el abandono de diversas medidas de intervención estatal que figuraban en el documento original.
Asimismo, el nuevo texto propone mantener relaciones de cooperación con Estados Unidos, Europa y China, dejando de lado posiciones ideológicas más marcadas que caracterizaban el discurso inicial de la agrupación política.
En el ámbito económico, se priorizan objetivos relacionados con la industrialización, la innovación y la reducción de la informalidad. También desaparecen propuestas como la eliminación de contratos ley y otras reformas económicas consideradas radicales por diversos sectores.
En seguridad ciudadana, el documento elimina referencias específicas a reformas legales y plantea un enfoque preventivo y comunitario. En educación, mantiene el objetivo de destinar el 6% del Producto Bruto Interno al sector, aunque modifica varias metas relacionadas con el magisterio.
La polémica aumentó luego de que una primera versión incluyera la posibilidad de nacionalizar Telefónica del Perú, propuesta que posteriormente fue retirada del documento.
Las críticas también llegaron desde Fuerza Popular. La candidata presidencial Keiko Fujimori cuestionó la consistencia de la nueva propuesta y calificó la alianza política que respalda a Sánchez como una suma de intereses diversos.
La controversia se produce en la etapa final de la campaña presidencial y abre un debate sobre la transparencia electoral, la gobernabilidad y el respeto a las reglas establecidas por el Jurado Nacional de Elecciones.
