Impedimento de salida a Piero Corvetto es el pedido que sustenta hoy la Fiscalía ante el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria, en el marco del caso ONPE. El Ministerio Público solicita 18 meses de restricción migratoria para el exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y otros funcionarios vinculados a presuntas irregularidades en los comicios del 12 de abril.

La audiencia, dirigida por el juez Manuel Chuyo Zavaleta, se realiza desde las 11:00 de la mañana, con nuevos abogados y un fiscal distinto al que inició las pesquisas. La defensa de Corvetto ahora está a cargo del estudio Arbizú & Gamarra, mientras que el fiscal Reynaldo Abia asumió el caso tras decisión del fiscal de la Nación, Tomás Gálvez. La carpeta pasó a la Fiscalía Supraprovincial por la alta repercusión nacional, la complejidad técnica y el volumen de actos de investigación.

Irregularidades electorales y cambio de fiscal en el caso ONPE
La investigación se centra en las fallas en la distribución del material electoral que habrían impedido votar a miles de ciudadanos en Lima durante la jornada del 12 de abril. A Corvetto se le atribuyen los delitos de colusión agravada y omisión de funciones, por supuestamente concertar con proveedores y no garantizar el derecho al sufragio. El requerimiento también alcanza a exgerentes y funcionarios clave de la ONPE, como José Samamé, Juan Phang y otros miembros del equipo electoral. Aunque inicialmente se pidió detención preliminar, el Poder Judicial la rechazó por falta de peligro de fuga u obstaculización, por lo que esta audiencia sobre impedimento de salida a Piero Corvetto será determinante para el rumbo del proceso.