El expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez fue condenado el 1 de agosto de 2025 a una pena de doce años de arresto domiciliario tras ser hallado culpable de fraude procesal y soborno en actuación penal, según dictamen del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá que preside la jueza Sandra Liliana Heredia.

El fallo incluye una multa que supera los tres mil cuatrocientos millones de pesos colombianos, una inhabilitación de más de ocho años para ejercer cargos públicos y ordena el cumplimiento inmediato de la condena en su residencia, por razones de seguridad, visibilidad política y riesgo de fuga, según consta en el fallo filtrado antes de su lectura pública.

La acusación se basó en pruebas aportadas por exparamilitares que declararon haber recibido ofrecimientos para cambiar sus testimonios en favor del exmandatario, así como grabaciones judicializadas que implican a su abogado Diego Cadena.

La jueza estableció que existió una maniobra preventiva que buscaba favorecer su defensa frente al senador Iván Cepeda, autor de la denuncia original. Uribe tiene 73 años y, dadas sus condiciones, la justicia autorizó el arresto domiciliario.

Su defensa anunció que apelará inmediatamente ante el Tribunal Superior de Bogotá, quien deberá decidir antes de octubre de 2025 si confirma o revoca el fallo. En caso de ser rechazado ese recurso, la causa podría llegar a la Corte Suprema de Justicia y prolongar el proceso.

La sentencia representa un hito judicial en Colombia al marcar la primera vez que un expresidente recibe condena penal por manipulación de testigos. La reacción dentro del país se divide entre quienes interpretan el fallo como un signo de independencia institucional y quienes lo califican como persecutorio.

Algunos dirigentes del partido Centro Democrático aseguran que se trata de una vendetta política. Este caso ya impacta la política colombiana de cara a las elecciones legislativas y presidenciales del año 2026. Se espera que la Corte Suprema intervenga si la defensa persevera en la apelación.