El 30 de mayo de 2025, la Corte Suprema de Estados Unidos autorizó al gobierno de Donald Trump a revocar el programa de parole humanitario que beneficiaba a más de 500,000 migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Este programa, implementado durante la administración de Joe Biden, permitía a los migrantes residir y trabajar legalmente en el país por dos años, siempre que contaran con un patrocinador y superaran controles de seguridad.

La decisión del alto tribunal se produjo tras una apelación de emergencia presentada por el Departamento de Seguridad Nacional, luego de que un juez federal bloqueara inicialmente la revocación del programa. Con una votación de 7 a 2, la Corte Suprema levantó la orden judicial previa, permitiendo al gobierno proceder con la cancelación del parole humanitario.

Las juezas Ketanji Brown Jackson y Sonia Sotomayor emitieron votos disidentes, expresando preocupación por las consecuencias humanas de la medida. Jackson señaló que la decisión “subestima las consecuencias devastadoras de permitir que el gobierno altere de manera precipitada las vidas y medios de subsistencia de casi medio millón de no ciudadanos”.

Con esta resolución, los migrantes afectados enfrentan la posibilidad de deportación o de permanecer en el país sin estatus legal, lo que podría limitar su acceso a empleo y servicios básicos. La medida representa un cambio significativo en la política migratoria de Estados Unidos y ha generado preocupación entre organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes.

El caso continuará su curso en tribunales inferiores, pero la decisión de la Corte Suprema permite al gobierno de Trump avanzar con la revocación del parole humanitario mientras se resuelve el litigio.