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El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que endurece las sanciones contra quienes quemen la bandera nacional. La medida establece hasta un año de cárcel para ciudadanos que realicen este acto y contempla la deportación o pérdida de beneficios migratorios para extranjeros.
Trump defendió la decisión señalando que la quema de la bandera genera disturbios, incita a la violencia y atenta contra un símbolo nacional que debe ser respetado. El mandatario ordenó al Departamento de Justicia perseguir judicialmente estos casos, aunque la Corte Suprema, en 1989, declaró que esta acción está protegida por la Primera Enmienda como libertad de expresión.
La contradicción legal abre un posible escenario de litigios. Diversas organizaciones de derechos humanos han advertido que criminalizar la quema de la bandera puede considerarse inconstitucional y afectar gravemente derechos fundamentales.
Horas después de la firma de la orden, un veterano de guerra fue detenido frente a la Casa Blanca tras quemar una bandera como protesta. El manifestante declaró que lo hacía en defensa de la libertad de expresión y denunció la medida como un ataque directo a los derechos constitucionales. El incidente fue grabado y difundido en redes sociales, aumentando la polémica.
El debate enfrenta dos posturas: quienes defienden la protección de símbolos patrios y quienes consideran que limitar esta acción es un atentado contra la democracia y la Constitución. Mientras tanto, la medida de Trump aviva la tensión política y judicial en torno al valor simbólico de la bandera y los derechos de los ciudadanos.
Con esta decisión, Trump vuelve a colocar la libertad de expresión en el centro del debate nacional.
