Los transportistas formales de Lima y Callao anunciaron una paralización total para el jueves 21 de agosto. La medida fue confirmada por diez gremios, entre ellos la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), liderada por Martín Valeriano.
El paro se reprogramó después de haber sido inicialmente convocado para el 11 de agosto, pero fue suspendido por falta de respuestas claras del Ejecutivo. La decisión de adelantar nueva fecha responde a la escalada de violencia: desde septiembre de 2024 hasta julio de 2025, más de 30 transportistas fueron asesinados en medio de la ola de extorsiones.
La medida no solo abarca a conductores; también incluye a comerciantes de mercados, bodegueros y mototaxistas, todos afectados por la inseguridad. El objetivo es presionar al Gobierno para que asuma una postura firme ante el crimen organizado, que ya vacía hasta S/10 millones al mes del sector transporte, según estimaciones de la Cámara Internacional de la Industria de Transporte.
La presión sube: denuncian que hasta el momento no han sido recibidos directamente por el Ministerio de Transportes ni por otros funcionarios clave; las mesas de diálogo no rindieron avances tangibles.
Usuarios y ciudadanos deben prepararse: se anticipa un paro masivo y generalizado. El impacto podría alcanzar desde demoras en el transporte público hasta sobreprecios o congestión en servicios alternativos. La protesta se mantendrá firme mientras el gobierno no presente soluciones concretas.
