Delia Espinoza presentó su informe de gestión de enero a junio de 2025. En una conferencia de prensa institucional, reveló logros clave. Dijo que el Ministerio Público solicitó S/ 1 371 millones adicionales para garantizar servicios esenciales, pero recibió solo el 5 % de lo pedido. Destacó que el recorte presupuestal afectó bienes y servicios, lo que limita vigilancia, alquiler de espacios y contratación de personal.

Espinoza defendió la autonomía institucional del Ministerio Público frente a leyes aprobadas por el Congreso que, según ella, atentan contra la independencia fiscal. Aseguró que presentó dos demandas de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, como parte de su estrategia legal para preservar el rol fiscal constitucional.

Una de las medidas emblemáticas de la fiscal fue el lanzamiento de una política antisoborno conforme a la norma ISO 37001. Esta herramienta busca reforzar la integridad institucional e impedir influencias indebidas. Espinoza recalcó que se implementará esta política en toda la estructura del Ministerio Público.

Tocó un punto crítico al recordar el atentado con explosivos ocurrido en enero de 2025 contra la sede de la Fiscalía en Trujillo. Ese ataque subrayó la urgencia de contar con recursos adecuados para operaciones seguras.

El plan de gestión que presentó se apoya en tres ejes: modernización tecnológica, transparencia efectiva y presencia territorial reforzada. Explicó que el uso de la carpeta fiscal electrónica permitirá mayor eficiencia y seguridad en las investigaciones. También insistió en la necesidad de contar con más fiscales en regiones y personal CAS.

Espinoza concluyó que 2025 será un año decisivo para reforzar el mandato del Ministerio Público. Pidió apoyo político concreto. Reclamó que la justicia sea cercana, eficiente y moderna. También alertó sobre la posibilidad de paralización institucional si no se otorgan los recursos necesarios. Su llamado fue claro: “Queremos más presupuesto. Queremos resultados. Queremos justicia efectiva.”