El fiscal Junior Vladimir Castañeda Ccori fue destituido tras provocar un accidente fatal en Huánuco, donde murió una profesora. El suceso generó conmoción en la región.

Tras la destitución, el Ministerio Público solicitó prisión preventiva contra él, debido al riesgo de fuga y posible obstrucción de la justicia. Se han presentado elementos probatorios — peritajes, testimonios y grabaciones— que apuntan a su responsabilidad directa en el accidente. Estas evidencias impulsan una investigación rigurosa ante el juzgado competente.

La comunidad de Huánuco exige que se haga justicia y se garantice transparencia en el proceso. Las autoridades han respondido con contundencia. Han dado un paso firme al removerlo del cargo y al solicitar su encarcelamiento preventivo, mostrando que nadie está por encima de la ley. Esta medida busca resguardar el correcto desarrollo de la investigación y evitar que el acusado altere el curso del caso.

El proceso judicial avanza rápidamente. Se espera una audiencia clave en los próximos días, en la que se debatirán los riesgos procesales y se decidirá si procede la prisión preventiva. La muerte de una profesora y la presencia de pruebas sólidas han elevado la presión sobre la Fiscalía y el Poder Judicial.

Este caso se posiciona como un hito en la lucha contra la impunidad en Perú. Refuerza el mensaje de que los servidores públicos deben rendir cuentas a la comunidad y que el sistema judicial puede actuar con firmeza. El enfoque en delegar responsabilidades claras, usar pruebas contundentes, y respetar el debido proceso, refuerza la legitimidad de las instituciones y fortalece la confianza ciudadana en el sistema legal.

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