El Gobierno del Perú retiró toda la seguridad policial a Delia Espinoza, fiscal de la Nación suspendida por seis meses por decisión de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). La medida fue comunicada por la Policía Nacional del Perú (PNP) pocas horas después de conocerse la suspensión, dejando a Espinoza sin resguardo pese a las investigaciones que lideró contra redes criminales.

El oficio remitido por la Dirección de Seguridad del Estado señala que, conforme al Decreto Supremo N° 004-2022-IN y la Directiva N° 007-2022-IN-DIRSEEST-PNP, Espinoza ya no reúne las condiciones legales para contar con protección destinada a funcionarios en ejercicio. De esta forma, se le retira el 100% del resguardo policial, una decisión sin precedentes en casos de fiscales supremos suspendidos.

La fiscal, a través de un oficio enviado al ministro del Interior, Carlos Malaver Odias, solicitó mantener la seguridad policial, recordando que durante su gestión dirigió investigaciones sobre organizaciones criminales de alta complejidad. Advirtió que su vida y la de su familia corren riesgos por la naturaleza de esos procesos.

Sin embargo, la respuesta oficial fue negativa. El comandante PNP Marco Antonio Romero Camarena, jefe del Departamento de Protección de Funcionarios del Estado, notificó que por encargo del Director de Seguridad se procedía a suspender la protección.

Este hecho ha generado polémica, ya que, según analistas, ningún otro fiscal supremo suspendido había quedado completamente desprotegido. Además, sectores críticos sostienen que la medida tendría un trasfondo político debido a las investigaciones abiertas por Espinoza contra figuras del Gobierno, incluida la presidenta Dina Boluarte y el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez.

La situación de Espinoza reabre el debate sobre la independencia del Ministerio Público, el respeto al debido proceso y la seguridad de las autoridades que enfrentan al crimen organizado.