Políticos en Perú intentan recapturar el control de la Fiscalía, mediante el regreso de la controversiales fiscal Patricia Benavides, denuncian figuras clave como Marianella Ledesma y Flor Pablo. Según Ledesma, existe una “clase política ligada a situaciones delictivas” que busca un dominio institucional para garantizar la impunidad. Por su parte, Pablo advierte que los esfuerzos equivalen a un pacto de impunidad, cuyo propósito es proteger a la presidenta, congresistas, ministros y otros funcionarios implicados .

La restauración de Benavides —destituida y rodeada de presunciones de corrupción y tráfico de influencias— representa un intento de controlar las investigaciones del Ministerio Público y neutralizar procesos en curso, incluyendo casos contra altos cargos del Ejecutivo y el Congreso. Esta maniobra podría debilitar la independencia del órgano fiscal y socavar la confianza en el sistema judicial .

El riesgo es múltiple. Primero, se amenaza la autonomía institucional. Segundo, se pone en jaque procesos de investigación que podrían avanzar sobre actos ilícitos de alto nivel. Y tercero, el mensaje que se traslada a la ciudadanía es claro: la justicia puede ser manipulada por intereses políticos.

Además, se denuncia que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) actuó fuera de sus competencias al abrir paso a una restitución cuestionada, lo cual aviva sospechas sobre un golpe institucional de corte autoritario.

Este enfrentamiento sitúa a Perú en una encrucijada crítica. El control político de la Fiscalía compromete la transparencia y pone en riesgo el estado de derecho. Para la sociedad peruana, el momento exige vigilancia, movilización democrática y respuestas legales firmes.