El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció la presentación de un proyecto de Ley de Agentes Extranjeros ante la Asamblea Legislativa. Esta iniciativa busca imponer restricciones a organizaciones no gubernamentales (ONG) y medios que reciben financiamiento internacional, incluyendo un impuesto del 40% sobre las donaciones extranjeras. Además, obligaría a registrarse como “agentes extranjeros” a quienes reciban apoyo del exterior y les prohibiría participar en actividades políticas que puedan alterar el orden público o la seguridad nacional.

El anuncio se produce tras una protesta de familias en Santa Tecla, quienes, agrupadas en una cooperativa, manifestaron cerca de la residencia presidencial solicitando intervención para evitar su desalojo. Bukele calificó la manifestación como “manipulada” por ONG con intereses políticos.

Diversas organizaciones nacionales e internacionales han expresado preocupación por la propuesta. Transparencia Internacional advirtió que la ley podría limitar gravemente la labor de la sociedad civil y los medios independientes, socavando el espacio democrático en el país. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó al gobierno salvadoreño a abstenerse de aprobar la ley, señalando que podría vulnerar derechos fundamentales como la libertad de asociación y expresión.

El gobierno sostiene que la ley busca garantizar la soberanía nacional y evitar la injerencia extranjera en asuntos internos. Sin embargo, críticos comparan la iniciativa con legislaciones similares en países como Nicaragua y Rusia, utilizadas para restringir a la sociedad civil y silenciar voces disidentes.

La propuesta ha generado un intenso debate sobre el equilibrio entre la seguridad nacional y las libertades democráticas en El Salvador.