La presidenta del Perú, Dina Boluarte, generó polémica al responder duramente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), luego de que el organismo internacional emitiera observaciones contra la ley de amnistía impulsada desde el Congreso.

La Corte IDH expresó preocupación por el impacto que esta norma podría tener en casos relacionados con crímenes de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos ocurridos en décadas pasadas. El pronunciamiento fue claro: la justicia internacional debe respetarse y los responsables no pueden quedar impunes.

Sin embargo, Boluarte rechazó lo dicho por la Corte. Afirmó que el Estado peruano es soberano y tiene el derecho de legislar sin interferencias externas. Además, defendió el respaldo que su gobierno y bancada aliada han dado a la polémica ley.

“La Corte no puede cuestionar decisiones internas que responden a una necesidad nacional”, declaró la mandataria. Su mensaje fue tajante y encendió el debate en el país. Diversos sectores políticos y organizaciones civiles ya han criticado su postura.

La ley de amnistía, aprobada recientemente en el Congreso, ha sido calificada como un retroceso en materia de justicia transicional. Los defensores de derechos humanos alertan que beneficiaría a militares y agentes implicados en casos emblemáticos como Accomarca y La Cantuta.

Con su declaración, Boluarte marca un nuevo distanciamiento del sistema interamericano de derechos humanos. La tensión crece mientras se espera una respuesta oficial del organismo.