La presidenta del Perú, Dina Boluarte, vuelve al centro del debate político y legal tras la presentación de dos nuevas denuncias constitucionales en su contra por parte de la Fiscalía de la Nación. La primera denuncia está relacionada con los heridos durante las protestas sociales ocurridas luego de que asumiera la presidencia. Estas manifestaciones, que se extendieron por varias regiones del país, dejaron muertos y heridos, generando indignación nacional e internacional.

La segunda denuncia se enfoca en su desempeño como ministra de Desarrollo e Inclusión Social, cargo que ocupó antes de llegar al máximo puesto del Ejecutivo. La Fiscalía argumenta posibles irregularidades en su gestión, lo cual podría tener consecuencias legales serias.

Ambas denuncias fueron presentadas ante el Congreso de la República, que deberá analizarlas y decidir si se da paso a una acusación formal. Este nuevo escenario complica aún más la situación política del país, en medio de una crisis prolongada de legitimidad y gobernabilidad.

Dina Boluarte no ha ofrecido declaraciones al respecto, pero diferentes sectores políticos ya se han pronunciado, algunos exigiendo una investigación inmediata y otros defendiendo su gestión.

Estas nuevas denuncias colocan nuevamente a la presidenta en el ojo del huracán y podrían derivar en un proceso constitucional que afecte su permanencia en el cargo.

Este hecho refuerza la creciente presión ciudadana y el cuestionamiento sobre la legitimidad del actual gobierno. La sociedad civil exige respuestas, transparencia y justicia para las víctimas de las protestas.