La presidenta del Perú, Dina Boluarte, ha anunciado acciones legales contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, presentando denuncias ante el Congreso y la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Esta decisión surge tras la presentación de cinco denuncias constitucionales contra Boluarte por parte del Ministerio Público en un lapso de dos días, mientras la mandataria se encontraba en el Vaticano.

El abogado de Boluarte, Juan Carlos Portugal, calificó la conducta de Espinoza como “desafiante e irresponsable”, argumentando que las denuncias carecen de fundamentos claros y fueron presentadas sin notificación previa adecuada. Además, señaló que solo han sido informados sobre dos casos específicos: presunto enriquecimiento ilícito y cirugías estéticas realizadas en 2023.

Portugal acusó a la fiscal de instrumentalizar el poder con una agenda política, alejándose de la búsqueda de la verdad y la justicia. Asimismo, cuestionó la legalidad de las denuncias, indicando que se han ignorado los límites establecidos por la Constitución para acusar a un presidente en funciones.

La defensa de Boluarte también se refirió a una carta notarial enviada al médico Mario Cabani, solicitándole abstenerse de declarar ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, argumentando que el levantamiento del secreto médico solo autorizaba declaraciones ante el Ministerio Público y no ante otras entidades.

Este enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Ministerio Público intensifica la crisis política en Perú, generando debate sobre la independencia de las instituciones y el respeto al debido proceso. La situación continúa desarrollándose, con implicancias significativas para la estabilidad política del país.