La Justicia brasileña dicta arresto domiciliario para Jair Bolsonaro este lunes en medio del juicio abierto por supuesto intento de golpe tras su derrota en 2022.
Una resolución firmada por el magistrado Alexandre de Moraes del Supremo Tribunal Federal impone condiciones estrictas.
El expresidente ya había sido obligado a usar una tobillera electrónica y estaba sometido a toque de queda nocturno.
También se le prohibió usar celular o redes sociales y no puede recibir visitas salvo de abogados o familiares.
La decisión responde a violaciones previas de prohibiciones que incluyeron la publicación de contenido político a través de cuentas asociadas a sus hijos.
Bolsonaro enfrenta cargos por asociación criminal y por planear la violenta abolición del Estado Democrático de Derecho, además de amenazas contra autoridades judiciales.
Según la Fiscalía Federal su conducta configuraría delitos que podrían sumar hasta cuarenta años de prisión en caso de condena.
La medida de arresto domiciliario busca evitar que Bolsonaro obstruya el proceso judicial o que trate de impedir el orden institucional.
La resolución incluye la incautación de todos los teléfonos móviles que estaban en su residencia en Rio de Janeiro.
La Justicia mantiene el monitoreo electrónico las veinticuatro horas y el expresidente no puede comunicarse con embajadas ni con diplomáticos extranjeros.
La decisión ocurre en un contexto de tensiones con Estados Unidos, ya que el gobierno de Donald Trump vinculó sanciones comerciales al proceso judicial contra Bolsonaro.
Por su parte, Bolsonaro tildó la orden de “humillación suprema” y negó cualquier intención de fuga o asilo en embajadas.
Expertos advierten que la medida marca un hito en la polarización política brasileña y podría reforzar narrativas de persecución que alimentan las filas conservadoras.
El tribunal afirmó que este paso no revierte la presunción de inocencia pero busca garantizar la seguridad institucional mientras avanza el juicio contra Bolsonaro.
La audiencia final está prevista para el próximo mes, con una mesa de jueces que evaluará las pruebas presentadas oficialmente.
