La incertidumbre en las Elecciones 2026 crece porque aún no se define quién enfrentará a Keiko Fujimori en segunda vuelta. El conteo oficial de la ONPE va en 93,850% de actas contabilizadas, con un estrecho margen entre Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga. Todavía resta más del 6% de actas por enviar al Jurado Electoral Especial, además de un pequeño porcentaje pendiente. Esta combinación de lentitud y diferencia mínima mantiene en vilo a partidos, candidatos y ciudadanía en todo el país.
El abogado Alejandro Rospigliosi advierte que la fecha del 15 de mayo, prevista para resultados finales, podría no cumplirse. La reciente decisión del Congreso de permitir abrir cédulas cuando haya dudas sobre el cotejo de actas añadiría más demora. Aunque la medida busca transparencia, implica revisar voto por voto, con un proceso manual, exhaustivo y políticamente sensible. El riesgo es que la definición llegue demasiado cerca de la segunda vuelta, programada para el 7 de junio.
Riesgos legales y escenarios de crisis
Rospigliosi descarta que haya sustento constitucional para convocar elecciones complementarias, como propone López Aliaga tras el caos del 12 de abril. Recuerda que la Constitución fija elecciones generales cada cinco años y no permite añadir procesos según la coyuntura. Si no se garantiza un proceso transparente, advierte que los actores políticos podrían acudir a instancias como la Corte Interamericana. También menciona posibles demandas ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, usando precedentes de otros países con elecciones cuestionadas. En este contexto, la incertidumbre en las Elecciones 2026 obliga a redoblar esfuerzos técnicos y comunicacionales para evitar una crisis de legitimidad.
