JEE rechaza nulidad de votos por falta de pago clave

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Jaén rechazó el pedido de nulidad de votos presentado por el partido Renovación Popular, liderado por Rafael López Aliaga, en el marco de las Elecciones Generales 2026 en Perú. La solicitud buscaba anular una mesa de sufragio en Cajamarca con 235 votos, bajo el argumento de presuntas irregularidades en el acta electoral.

Sin embargo, el rechazo no se debió a la falta de sustento en la denuncia, sino a un incumplimiento administrativo clave: el partido no pagó la tasa electoral obligatoria de 1.375 soles. Este monto representa el 25% de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT), requisito indispensable para que cualquier pedido de nulidad sea admitido por los organismos electorales.

De acuerdo con la revisión de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el acta cuestionada sí contenía toda la información requerida. Incluía los nombres completos de los miembros de mesa, números de DNI, firmas y los horarios de inicio y fin del escrutinio. Esto contradice directamente los argumentos presentados por Renovación Popular.

El caso no es aislado. Más de 100 solicitudes de nulidad presentadas por el mismo partido enfrentan el mismo problema: la falta de pago de la tasa electoral. En total, la agrupación política deberá abonar 137.500 soles para que estos pedidos puedan ser evaluados por los Jurados Electorales Especiales.

Este escenario pone en riesgo la estrategia legal del partido en medio del conteo y revisión de votos en las Elecciones 2026 en Perú. Además, evidencia la importancia de cumplir con los requisitos formales en los procesos electorales, ya que su omisión impide que se analice el fondo de las denuncias.

El reglamento electoral vigente no establece un plazo específico para subsanar este tipo de errores. Sin embargo, los expertos advierten que la demora podría generar la improcedencia definitiva de los pedidos.

En un contexto de alta tensión política, el caso refuerza el rol clave de entidades como el JEE y la ONPE en garantizar la transparencia y legalidad del proceso electoral peruano.