El Jurado Electoral Especial (JEE) de Huancavelica se pronunció sobre la denuncia de presuntas inscripciones indebidas de candidatos al Congreso en el marco de las Elecciones Generales 2026 en Perú. El caso involucra a tres ciudadanos que aseguraron haber sido incluidos en una lista sin su consentimiento, generando cuestionamientos sobre la transparencia del proceso electoral.

Tras evaluar el expediente oficial, el JEE confirmó que la inscripción de la lista del partido político Progresemos cumplió con todos los requisitos legales establecidos. El registro se realizó de forma virtual mediante el sistema Declara+, incluyendo documentación completa como actas de elecciones internas, declaraciones juradas de consentimiento, hojas de vida y registros con firma y huella dactilar.

Asimismo, se verificó que los candidatos contaban con afiliación partidaria desde julio de 2024, lo que respalda la validez del proceso de inscripción. El organismo electoral explicó que la solicitud para retirar a tres candidatos fue presentada fuera del plazo permitido, lo que impidió su aceptación. Al no registrarse tachas dentro del cronograma electoral, la lista quedó oficialmente inscrita.

El JEE destacó que sus decisiones se basan en el principio de presunción de veracidad de los documentos presentados por las organizaciones políticas. Sin embargo, ante la controversia generada, decidió remitir el caso al Ministerio Público para que se realice una investigación exhaustiva sobre una posible falsificación de documentos o irregularidades.

Por su parte, uno de los ciudadanos implicados inició un proceso ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) solicitando la nulidad de su afiliación política y el retiro de su candidatura, alegando que fue inscrito sin su autorización. Este procedimiento debe seguir los canales formales establecidos por la normativa electoral vigente en Perú.

El JEE reafirmó su compromiso con la transparencia electoral y el cumplimiento de la ley, destacando que toda la información sobre candidatos y procesos está disponible públicamente. Este caso pone en agenda la importancia del control ciudadano y la fiscalización en los procesos electorales.