La entrada en vigencia de la bicameralidad en Perú marcará un cambio trascendental en la relación entre el Ejecutivo y el Congreso. A partir del 28 de julio de 2026, el país contará nuevamente con una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores, una reforma que modifica de manera significativa el procedimiento para destituir a un presidente de la República.
La medida cobra especial relevancia en medio de la elección presidencial más ajustada de la historia reciente del país, donde los candidatos Keiko Fujimori y Roberto Sánchez disputan la presidencia con una diferencia de apenas décimas porcentuales. Aunque el próximo mandatario asumirá sin mayoría parlamentaria y con un respaldo electoral estrecho, las nuevas reglas podrían otorgarle una mayor estabilidad política.
La reforma constitucional aprobada mediante la Ley N.º 31988 elimina la posibilidad de vacancias rápidas que caracterizaron los últimos años. Bajo el sistema unicameral, la destitución presidencial requería 87 votos en un solo Parlamento. Ahora, el proceso demandará dos etapas y dos mayorías calificadas.
En primer lugar, la Cámara de Diputados deberá admitir la moción y aprobarla con al menos 87 votos. Posteriormente, el expediente pasará al Senado, donde será necesario alcanzar 40 votos para concretar la destitución. Además, la normativa establece plazos obligatorios que impiden acelerar los procedimientos.
Otro factor clave es la fragmentación política del nuevo Congreso. Ningún partido contará con mayoría suficiente para impulsar por sí solo una vacancia presidencial. Esto obligará a construir amplios consensos entre diversas fuerzas políticas para lograr una eventual destitución.
Los analistas consideran que esta reforma fortalece la gobernabilidad y reduce los riesgos de crisis institucionales recurrentes. Entre 2016 y 2026, Perú registró una alta rotación presidencial, convirtiéndose en uno de los países con mayor inestabilidad política de la región.
La bicameralidad busca corregir ese escenario mediante un sistema que favorece el equilibrio de poderes y dificulta decisiones apresuradas. En consecuencia, el próximo presidente podría enfrentar una situación paradójica: llegar al poder con uno de los márgenes electorales más ajustados de la historia, pero contar con mayores garantías para completar su mandato.
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