Un megaoperativo ejecutado en Ayacucho por la Policía Nacional del Perú, a través de la Dirección contra la Corrupción (Dircocor), permitió desarticular a la presunta organización criminal denominada “Los Chuecos del Transporte”, implicada en la emisión ilegal de licencias de conducir en la región.
La intervención se realizó de manera simultánea en varios puntos estratégicos, dejando como resultado ocho personas detenidas preliminarmente y la ejecución de 15 allanamientos en inmuebles vinculados a los investigados. Este megaoperativo forma parte de una estrategia nacional para combatir redes de corrupción enquistadas en entidades públicas.
Según las investigaciones, la organización operaba dentro de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Ayacucho. Los implicados habrían incurrido en delitos como organización criminal, cohecho pasivo propio, cohecho pasivo genérico y tráfico de influencias, afectando directamente la legalidad del sistema de emisión de licencias.
El esquema ilícito se habría iniciado tras una denuncia anónima. La red era liderada por un sujeto conocido como “Oswaldo”, quien coordinaba con intermediarios llamados “jaladores” y presuntos funcionarios para captar postulantes interesados en obtener licencias de conducir sin cumplir los requisitos legales.
A cambio de dinero, los integrantes de la organización facilitaban la aprobación de los exámenes teóricos y prácticos, estableciendo tarifas diferenciadas según la categoría de licencia solicitada. Este sistema ilegal no solo generaba corrupción, sino que también representaba un grave riesgo para la seguridad vial en Perú.
El caso es investigado por el Ministerio Público, que continuará con las diligencias para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad de cada implicado en esta red criminal.
Este megaoperativo en Ayacucho refleja el esfuerzo de las autoridades peruanas por combatir la corrupción en el sector transporte y garantizar que los procesos de obtención de licencias de conducir se realicen de manera transparente y legal, protegiendo así a la ciudadanía.