La congresista Norma Yarrow, de Renovación Popular, denunció que el Gobierno no cumplió con el plazo de cinco años establecido por el Tribunal Constitucional (TC) para resolver el grave problema de hacinamiento en las cárceles del país. Este plazo venció en mayo de 2025, y según Yarrow, de los seis penales que deberían cerrar para dejar de recibir internos, solo el de Miguel Castro Castro está en proceso de hacerlo.

En 2019, el TC emitió un fallo que declaró en “estado de cosas inconstitucional” la crítica sobrepoblación en los establecimientos penitenciarios, donde actualmente hay más de 94 mil reclusos, superando ampliamente su capacidad. El tribunal ordenó al Ejecutivo implementar medidas para resolver el problema en un plazo máximo de cinco años, bajo la advertencia de que, de no hacerlo, las seis cárceles más sobrepobladas deberían cerrar y dejar de recibir nuevos internos.

Pese a ello, los avances han sido mínimos. El entonces ministro de Justicia, Eduardo Arana, aseguró que su sector impulsaba acciones para redistribuir a la población penitenciaria. Sin embargo, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó que solo este año se asignaron S/251 millones para reactivar la construcción del megapenal de Ica, un proyecto estancado por más de 12 años.

Yarrow solicitó al TC un informe sobre el cumplimiento de la sentencia y las acciones que se tomarán ante el posible desacato por parte del Ejecutivo. La situación actual refleja una falta de compromiso en la implementación de políticas efectivas para mejorar las condiciones en los centros penitenciarios del país.