En menos de una década, el Congreso del Perú ha vacado a tres presidentes utilizando una figura legal polémica: la “incapacidad moral permanente”. Esta herramienta, contemplada en el artículo 113 de la Constitución, se ha convertido en un instrumento político más que jurídico, generando inestabilidad institucional y una crisis permanente en el país.

La vacancia presidencial no requiere una falta penal ni pruebas concretas, solo una interpretación política de la conducta del mandatario. Esta ambigüedad ha llevado a su uso recurrente, según expertos como Víctor García Toma y Mario Castillo Freyre. Ellos coinciden en que el mecanismo ha sido manipulado según coyunturas políticas, sin un marco claro que defina objetivamente la “incapacidad moral”.

Desde Fujimori hasta Dina Boluarte, pasando por Kuczynski, Vizcarra y Castillo, la vacancia se ha aplicado como solución rápida a crisis políticas o conflictos entre Ejecutivo y Legislativo. A pesar de las advertencias del Tribunal Constitucional sobre su uso excesivo, el Congreso mantiene el poder absoluto para activarla con una mayoría calificada.

El reglamento interno del Parlamento permite que solo el 20% de los congresistas inicien una moción de vacancia. Esto ha creado un ambiente en el que cualquier presidente puede ser removido con facilidad, erosionando la legitimidad presidencial y dificultando la gobernabilidad.

Especialistas como Luciano López consideran que esta figura ha creado una especie de “semiparlamentarismo” en un sistema diseñado para ser presidencialista. Hoy, los mandatarios gobiernan bajo constante amenaza de destitución, y la figura de la vacancia se ha convertido en el símbolo de una democracia frágil, marcada por el cortoplacismo y la falta de consensos.