El Gobierno del Perú impulsa un proyecto de ley que busca tipificar el terrorismo urbano como una nueva figura penal para enfrentar la escalada de violencia criminal. La propuesta fue presentada en octubre de 2024 por el Ejecutivo y ahora cuenta con apoyo en el Congreso. La norma plantea modificar el Código Penal para incluir delitos como extorsión, sicariato, secuestro, ataques a medios de comunicación y servicios públicos, todos ellos considerados como formas de terrorismo urbano si generan terror en la población.

La iniciativa contempla penas más duras, incluida la cadena perpetua, especialmente cuando los delitos estén vinculados a organizaciones criminales. Para garantizar justicia efectiva, los casos serán investigados y juzgados por fiscales y jueces especializados, con protocolos rigurosos.

El Ministerio del Interior ha respaldado abiertamente el proyecto. Destaca que permitirá la intervención de las Fuerzas Armadas en situaciones extremas y propone la creación de unidades de flagrancia para sancionar de forma rápida y ejemplar a los delincuentes.

En un contexto donde la delincuencia organizada ha evolucionado con métodos violentos y cada vez más coordinados, el gobierno busca dar una respuesta firme y legal. Los actos criminales ya no son aislados; son parte de estructuras que operan con lógica de terror, sembrando miedo en calles, mercados, colegios y medios de transporte.

Con esta ley, se busca enviar un mensaje contundente: el crimen no quedará impune. El Congreso decidirá el futuro de esta norma, que podría convertirse en un hito legal en la lucha contra la inseguridad en el Perú.

El debate está abierto, y mientras tanto, la población espera soluciones concretas que devuelvan la tranquilidad a las calles.