La presidenta Dina Boluarte respaldó el salvataje financiero a Petroperú aprobado en Consejo de Ministros el 3 de septiembre, según un acta a la que accedió El Comercio. La mandataria calificó a la empresa estatal como una “empresa estratégica” para el país, destacando su rol en la economía nacional y la cobertura que brinda en todo el territorio.

Tres semanas después, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) oficializó el rescate por US$287,3 millones, mediante la emisión de bonos soberanos con vencimiento en agosto de 2034. Con este nuevo apoyo, se suma a los más de S/24.000 millones que la compañía ha recibido en préstamos estatales desde 2013.

La situación financiera de Petroperú es crítica. En julio, la compañía reportó pérdidas acumuladas equivalentes al 53% de su capital social, lo que activa la obligación legal de convocar a una Junta General de Accionistas para definir medidas urgentes frente a la crisis. Tanto el MEF como el Ministerio de Energía y Minas (Minem) ya han solicitado a la empresa información detallada y propuestas de acción.

El respaldo político de Boluarte genera debate. Mientras el Gobierno insiste en la relevancia estratégica de Petroperú para garantizar el suministro de combustibles, expertos y funcionarios del MEF alertan sobre la sostenibilidad de repetir rescates financieros sin un plan sólido de reestructuración.

El tema ha generado críticas sobre la viabilidad de la gestión administrativa y financiera de Petroperú, así como dudas respecto al impacto a largo plazo en las finanzas públicas. En medio de esta controversia, el futuro de la principal empresa estatal del sector energético sigue siendo incierto y dependerá de decisiones políticas y técnicas en los próximos meses.