La reciente fuga de un interno del penal de Lurigancho ha generado una crisis en el sistema penitenciario peruano. El presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Javier Llaque Moya, presentó su renuncia tras el escape de John Kennedy Javier Sebastián, condenado por robo agravado. El presidente del Consejo de ministros, Gustavo Adrianzén, confirmó la aceptación de la renuncia y anunció la designación de un nuevo titular para el INPE.
El incidente ocurrió el lunes 21 de abril, cuando el interno burló los controles de seguridad, escaló la malla perimétrica y escapó del penal de Lurigancho. Vecinos del establecimiento grabaron la fuga, lo que generó indignación pública y evidenció fallas en la seguridad penitenciaria. Además, se detuvo a tres agentes del INPE implicados en el escape, quienes ahora enfrentan investigaciones fiscales.
Este suceso se suma a otros problemas en el sistema carcelario, como el hallazgo de una antena de internet satelital en el penal de Challapalca. La renuncia de Llaque Moya refleja la necesidad de reformas urgentes en la administración penitenciaria para garantizar la seguridad y el cumplimiento de la ley.
El gobierno peruano enfrenta el desafío de restaurar la confianza en el sistema penitenciario y prevenir futuras fugas. La designación de un nuevo jefe del INPE será clave para implementar medidas efectivas que fortalezcan la seguridad en los penales del país.
