Antes de ser suspendido, el fiscal José Domingo Pérez presentó un extenso informe de 131 páginas a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza. El documento sostiene que el partido Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori, habría cometido una serie de infracciones graves desde 2011 hasta la actualidad. El informe detalla supuestos aportes ilegales, como el millón de dólares entregado por Odebrecht, que no fue declarado ante la ONPE durante las campañas electorales del 2011 y 2016.
El informe fue solicitado por Espinoza como parte de una denuncia ciudadana que busca declarar ilegal al partido por presuntas conductas antidemocráticas. Pérez afirmó que existe un patrón de comportamiento dentro del partido que apunta al encubrimiento de actos ilícitos y a la utilización del poder político con fines privados. También señaló que Fuerza Popular ha violado principios democráticos clave, como la transparencia y la igualdad en la competencia electoral.
Pérez sostuvo que Fuerza Popular ha actuado de manera sistemática, reiterada y continua en contra de la Ley de Organizaciones Políticas. Estas acusaciones se suman a una larga lista de controversias que rodean al partido fujimorista desde hace más de una década.
Como respuesta a su suspensión por parte de la Autoridad Nacional de Control (ANC), el fiscal también presentó una denuncia penal contra el jefe de dicha entidad, Juan Antonio Fernández Jerí. Según Pérez, se le impidió el ingreso a su oficina para entregar el cargo, lo que consideró una medida arbitraria.
El documento se convierte en una nueva bomba política que podría impactar en el futuro del fujimorismo en el Perú. La decisión final sobre la legalidad del partido ahora está en manos del Ministerio Público.
