El Gobierno peruano ha tomado medidas drásticas en la provincia de Pataz, región La Libertad, tras el asesinato de 13 trabajadores mineros. La presidenta Dina Boluarte anunció la suspensión de todas las actividades mineras por 30 días, prorrogables, y la imposición de un toque de queda desde las 6:00 p.m. hasta las 6:00 a.m.
Estas acciones buscan facilitar la instalación de bases militares y policiales en la zona, con el objetivo de combatir la minería ilegal y el crimen organizado. Durante este período, se procederá a la exclusión de todos los registros suspendidos en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO).
La presidenta también solicitó al Congreso facultades legislativas para legislar en materia de terrorismo urbano, enfatizando la necesidad de actuar con firmeza frente a la violencia que azota la región.
La provincia de Pataz ha sido escenario de múltiples actos violentos relacionados con la minería ilegal. Desde 2020, se han registrado al menos 39 asesinatos de trabajadores y ataques a instalaciones mineras, incluyendo la destrucción de torres de alta tensión.
La empresa minera Poderosa, afectada por estos hechos, ha instado al Gobierno a replantear su estrategia contra la criminalidad y a tomar acciones directas contra las bocaminas ilegales donde operan estos grupos armados.
Estas medidas reflejan la gravedad de la crisis de seguridad en Pataz y la determinación del Gobierno peruano para restablecer el orden y proteger a los trabajadores y comunidades afectadas.
