El distrito de Machupicchu, en Cusco, vive un nuevo episodio de tensión social tras el inicio de un paro indefinido pacífico, convocado por el Frente de Defensa de los Intereses de Machupicchu (FREDIM). La medida se tomó en rechazo a los presuntos actos de sabotaje que impiden el ingreso de los buses de la empresa San Antonio de Torontoy, nuevo operador temporal de la ruta Hiram Bingham, que conecta Aguas Calientes con la ciudadela inca.

La concesión de la ruta estuvo en manos de Consettur por más de 30 años. Tras concluir el contrato, la Municipalidad de Urubamba designó a San Antonio de Torontoy como operador provisional con 18 unidades. Sin embargo, hasta ahora, los buses no han ingresado, lo que afecta gravemente al turismo en la zona, motor económico de la región.

Darwin Baca, presidente del FREDIM, responsabilizó directamente a Consettur y denunció un presunto contubernio con PerúRail y funcionarios públicos, quienes habrían permitido actos vandálicos para bloquear la operación del nuevo concesionario. Entre los hechos señalados se incluyen daños a plataformas de transporte, colocación de basura y el corte de frenos en vehículos, acciones registradas incluso ante presencia policial.

Durante el paro, los comercios en Machupicchu Pueblo permanecieron cerrados y la protesta amenaza con radicalizarse. Baca cuestionó la pasividad de las autoridades, asegurando que no se ha detenido a los responsables pese a las pruebas documentadas.

El dirigente recalcó que la población respalda a San Antonio de Torontoy debido a su modelo de participación comunitaria, mientras acusa a Consettur de operar de forma irregular. Pese a ello, manifestó apertura al diálogo siempre que se garantice el respeto a la ley y se esclarezcan las responsabilidades.

Este conflicto no solo afecta a los pobladores, sino también al flujo turístico hacia una de las siete maravillas del mundo, poniendo en riesgo la imagen internacional del Perú.