El caso de la organización criminal Los Pulpos de Trujillo vuelve a sacudir al país. No solo por los atentados y delitos que acumulan sus integrantes, sino por la revelación de cómo lograron infiltrarse en el núcleo del poder político y legal del Perú.

Según audios y reportajes, Juan José Santiváñez, actual ministro de Justicia y ex titular del Interior, habría mantenido vínculos con expolicías sentenciados como Miguel Marcelo Salirrosas, alias “El Diablo”, y Eber Juárez Moya, ambos miembros de la facción “Los Injertos de K y K”.

Los registros muestran que Santiváñez, en pleno ejercicio de cargos públicos, habría intentado reducir las condenas de sus antiguos defendidos. Incluso se le escucha consultar sobre la posibilidad de replicar en el caso de Salirrosas la reducción lograda previamente para Juárez, cuyo expediente fue evaluado por el Tribunal Constitucional (TC) bajo ponencia del magistrado Gustavo Gutiérrez.

Esta relación plantea una grave alerta: la influencia de Los Pulpos alcanzó al TC y tuvo línea directa con la Presidencia del Consejo de Ministros, evidenciando la capacidad de la organización criminal para penetrar instituciones del Estado.

La Fiscalía mantiene reserva sobre parte de los procesos, pero lo revelado hasta ahora confirma que la red criminal no solo operaba con violencia en Trujillo, sino también mediante tráfico de influencias y conexiones políticas.

En paralelo, la ciudadanía exige explicaciones al ministro Santiváñez y a las más altas autoridades. La pregunta central es clara: ¿hasta dónde llega la red de poder de Los Pulpos y qué tan comprometidas están las instituciones?

Este caso no es solo judicial. Es una señal del profundo desafío que enfrenta el Perú frente al crimen organizado, que ya no solo controla barrios y negocios ilegales, sino que busca controlar al Estado desde adentro.