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El Congreso de la República vuelve a estar en el centro de la polémica. El congresista Luis Gustavo Cordero Jon Tay, de Somos Perú, presentó un proyecto de ley que permitiría deducir del Impuesto a la Renta los pagos por extorsión, siempre y cuando la víctima presente una declaración jurada con huella digital, firma notarial y pruebas que sustenten el delito.
La propuesta busca modificar el artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta, para incluir las pérdidas económicas causadas por delitos de extorsión dentro de los gastos deducibles para las empresas y emprendedores. Según el congresista, esta iniciativa pretende “garantizar que los contribuyentes puedan declarar de forma transparente las pérdidas reales ocasionadas por extorsiones” y evitar que paguen impuestos sobre ganancias inexistentes.
Sin embargo, la medida ha generado críticas y controversia, ya que algunos especialistas advierten que podría “legalizar” indirectamente los pagos de cupos, normalizando la extorsión y desincentivando la denuncia penal.
La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) tendría la facultad de denunciar penalmente a quienes presenten información falsa. Además, deberá crear normas reglamentarias para aplicar la ley en caso de ser aprobada.
El proyecto también señala que el objetivo es “reforzar los principios de equidad y justicia tributaria” y aliviar la carga económica de los contribuyentes que sufren estos delitos.
Mientras tanto, la ciudadanía y gremios empresariales expresan su rechazo, señalando que el Estado debería combatir la extorsión, no adaptarla al sistema tributario.
El debate apenas comienza, pero el tema ya ha encendido las redes y el Congreso vuelve a dividir opiniones.
