El jueves 15 de mayo de 2025, inició en Lima el juicio oral contra el expresidente Pedro Castillo, acusado de rebelión, abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad pública. Estos cargos se derivan de su intento fallido de disolver el Congreso el 7 de diciembre de 2022, acción que fue ampliamente condenada y llevó a su destitución y detención inmediata.

La Fiscalía ha solicitado una pena de 34 años de prisión para Castillo, argumentando que su intento de autogolpe representó una grave amenaza al orden constitucional del país. Durante las primeras audiencias, Castillo ha mostrado una actitud desafiante, cuestionando la imparcialidad del tribunal y negándose a aceptar la defensa legal proporcionada, lo que llevó al juez a suspender su derecho a la palabra en sesiones anteriores.

El juicio ha captado la atención nacional e internacional, polarizando a la opinión pública. Mientras algunos sectores consideran que el proceso es una persecución política, otros lo ven como una oportunidad para reafirmar el compromiso del país con el Estado de derecho y la democracia.

Se espera que en las próximas audiencias se presenten testimonios clave y nuevas pruebas que podrían influir en el desarrollo del caso. La próxima sesión está programada para el 20 de mayo, donde se anticipa la comparecencia de testigos y la continuación de los alegatos por parte de la defensa y la Fiscalía.

Este juicio marca un momento crucial en la historia política reciente de Perú, siendo el primer proceso judicial de esta magnitud contra un expresidente por intento de golpe de Estado. La resolución del caso podría sentar un precedente importante para la gobernabilidad y la justicia en el país.