Familiares de víctimas de casos emblemáticos, como La Cantuta, Barrios Altos y la UNCP, salieron al frente para condenar la recién aprobada “ley de amnistía” que favorece a policías y militares procesados por violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno (1980–2000). La norma, impulsada por el Congreso, permite a procesados sin sentencia firme o mayores de 70 años acogerse a ella. En Junín y la selva central, 147 casos están bajo investigación, lo que genera alarma entre las víctimas y sus familiares.
Organizaciones de derechos humanos como la CNDDHH y APRODEH han alertado sobre los efectos de esta ley: podrían quedar en impunidad al menos 156 casos ya sentenciados y más de 600 procesos pendientes. La Fiscalía también advirtió que esta normativa podría archivar casos emblemáticos como los de la UNCP, Paccha, Cantuta y Barrios Altos.
El Congreso aprobó el dictamen a inicios de junio y lo remitió al Poder Ejecutivo para su promulgación. Promotores de la medida, como Fernando Rospigliosi, defienden que busca acortar juicios prolongados. Sin embargo, críticos, desde congresistas opositores hasta organismos internacionales, consideran que es ilegal y contraria al derecho internacional de derechos humanos.
Los familiares advirtieron: esta ley representa un retroceso histórico y una traición a la memoria y justicia por las víctimas. No solo niega reparación, sino que viola compromisos adquiridos con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por ello, solicitan al Poder Judicial que rechace su aplicación y comprometen acciones legales, incluso en instancias internacionales como la CIDH, para exigir su inaplicación caso por caso .
En resumen, la ley de amnistía es percibida como una normativa que favorece la impunidad y deja en el aire la responsabilidad de quienes cometieron graves violaciones a los derechos humanos. Con decenas de casos activos en Junín y la selva central, y con 147 procesos, los familiares no cesarán su lucha por justicia. El país observa una crisis de institucionalidad y la resistencia de las víctimas desafía al Congreso y al sistema judicial a no validar esta medida.
