El Congreso del Perú aprobó el 14 de mayo una reforma clave que permite la expulsión inmediata de delincuentes extranjeros detenidos en flagrancia, promoviendo la seguridad ciudadana.

La medida modifica el Código Penal, permitiendo a los jueces ordenar la deportación de extranjeros capturados “con las manos en la masa”, sin necesidad de esperar una sentencia judicial firme. La expulsión podrá ser ordenada en la audiencia de control de detención o dentro de las 24 horas siguientes a la captura, siempre que la flagrancia quede demostrada.

Además, la ley establece que el extranjero expulsado no podrá regresar al Perú durante el tiempo que dure la pena máxima aplicable al delito cometido, que puede oscilar entre 5 y 25 años. También se contempla la incautación de bienes del delincuente para reparar el daño causado, a través del decomiso o extinción de dominio.

La medida excluye a menores de edad, solicitantes de refugio y personas cuya expulsión pueda vulnerar derechos reconocidos por tratados internacionales o la Constitución peruana, garantizando así el respeto a los derechos humanos.

Esta reforma responde a la creciente preocupación de la sociedad peruana ante la incidencia de delitos cometidos por personas extranjeras en el territorio nacional. Según datos de encuestas recientes, hasta un 95 % de los ciudadanos encuestados manifestó su apoyo a la expulsión inmediata de quienes cometan delitos en el país, reflejando una demanda contundente por acciones más severas y efectivas frente a la inseguridad.

El legislador Alejandro Soto, de la bancada de Alianza Para el Progreso (APP), impulsor de esta iniciativa, expresó su satisfacción por la aprobación del proyecto y destacó la necesidad de sancionar ejemplarmente a quienes vuelvan al país tras ser expulsados por actos delictivos. “Somos el único país de la región que permitimos el retorno sin dar sanciones”, afirmó Soto, y añadió que “el delincuente extranjero que pise nuevamente suelo peruano podrá ir a la cárcel por un tiempo que va de los 6 hasta 10 años”.