La Junta Nacional de Justicia (JNJ) ha activado una sesión permanente con solo seis consejeros, en respuesta al controversial intento de imponer a Patricia Benavides como titular de la Fiscalía de la Nación. El presidente de la JNJ, Gino Ríos Patio, sostiene que evaluará acciones contra el Ministerio Público y el Poder Judicial para salvaguardar la independencia del sistema de justicia y prevenir presiones políticas.

Desde su instalación, los consejeros han sostenido reuniones continuas con el objetivo de movilizar respuestas rápidas. Ante el fallido intento de designación, buscan construir garantías procesales y disciplinarias para evitar favoritismos. Ríos Patio enfatiza que la Junta no permitirá “atentados contra el debido proceso” y que está dispuesta a formalizar denuncias contra quienes intenten vulnerar normas.

La situación refleja una tensión profunda entre instituciones claves: la JNJ, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Este choque evidencia la fragilidad de la estructura judicial y plantea interrogantes sobre la transparencia institucional. El pulso mediático y social que ha ganado esta crisis judicial ha colocado a la opinión pública en alerta respecto a la confianza en los mecanismos de control.

Con seis consejeros operando de forma ininterrumpida, la JNJ se posiciona como árbitro central en esta disputa. Su capacidad para actuar con efectividad definirá si se restablecen los equilibrios normativos. El liderazgo de Ríos Patio resulta clave: debe navegar entre firmeza institucional y diálogo con otros poderes.

En conclusión, la sesión permanente de la Junta Nacional de Justicia representa un punto crítico. La aprobación o rechazo de futuros actos fatales, como la imposición de altos cargos, recae ahora sobre estos seis consejeros. El futuro del sistema de justicia peruano podría depender de esta coyuntura.