El Congreso aprobó una franja contra la violencia hacia las mujeres. Esta medida busca prevenir y sancionar agresiones físicas, verbales y psicológicas. Sin embargo, lo que genera polémica es que entre quienes aprobaron la iniciativa hay al menos cuatro legisladores denunciados por violencia contra mujeres y otros dos por comentarios sexistas.
La nueva franja legislativa forma parte de una campaña nacional para erradicar la violencia de género. Esta incluye mensajes en medios de comunicación, redes sociales y eventos públicos. Busca generar conciencia y transformar actitudes que normalizan el machismo. La ironía de la situación ha encendido el debate público. ¿Cómo pueden legislar sobre violencia quienes enfrentan acusaciones relacionadas?
Organizaciones de mujeres han expresado su indignación. Señalan que la falta de coherencia debilita la lucha contra la violencia de género. También exigen sanciones claras y la exclusión de agresores de cargos públicos.
El Congreso, por su parte, defendió la medida. Afirman que todos los legisladores tienen derecho a votar mientras no exista sentencia firme. Sin embargo, expertos advierten que este tipo de contradicciones afectan la credibilidad institucional y perpetúan la impunidad.
La aprobación de esta franja deja en evidencia un sistema político que aún tiene cuentas pendientes con las mujeres. Mientras no se depuren las filas del Congreso, las campañas seguirán siendo solo palabras.
Este caso ha generado una ola de reacciones en redes sociales. Usuarios piden una revisión urgente de los antecedentes de los representantes. La lucha contra la violencia debe empezar por casa. Y el Congreso no puede ser la excepción.
